Una ley con espacios oscuros

Foto Rebeca

La Ley de la Inversión Extranjera, debatida y aprobada por la Asamblea Nacional en Sesión Extraordinaria, tiene algunos aspectos preocupantes, tanto para los inversionistas extranjeros como para los ciudadanos cubanos.

Parece ser que los inversionistas cubanos residentes en otros países no están incluidos, ya que la definición de inversionista nacional contempla sólo a las personas jurídicas de nacionalidad cubana con domicilio en el territorio nacional, así como a las cooperativas, como forma de gestión no estatal que cuenta con personalidad jurídica, que pueden ser inversionistas nacionales en un proyecto con capital extranjero, todo bajo el control del Estado para evitar la acumulación excesiva de riqueza. Cuando en la mayoría de los países la prioridad para la inversión la tienen, en primer lugar, los nacionales residentes, en segundo, los nacionales residentes en el exterior y sólo después los extranjeros, en Cuba es al revés: la máxima prioridad la tienen los extranjeros. Y después hay que escuchar cómo las autoridades no se cansan de autoproclamarse defensoras de la dignidad nacional, la independencia y la soberanía.

El planteamiento de que las inversiones de los inversionistas no podrán ser expropiadas, salvo por motivos de utilidad pública o interés social, previamente declarado por el Consejo de Ministros, da que pensar. Esto está establecido así en la mayoría de los países, lo que sucede es que en ellos, para que se materialice, debe ser discutido y aprobado por el poder legislativo (Cámara de Representantes, Senado, Parlamento o Asamblea Nacional), donde participan en igualdad de condiciones, tanto los representantes del gobierno como de la oposición con criterios diferentes, y después sancionado por el Poder Judicial, para asegurar que no viole la Constitución, algo que no sucede en Cuba, dónde la Asamblea Nacional está constituida sólo por diputados oficialistas, sin ninguna representación opositora y dónde, como método, se practica la aprobación unánime de todo lo que propone el Gobierno, además de que el Poder Judicial es un simple apéndice gubernamental, sin ningún tipo de independencia. En realidad, el inversionista, a pesar de lo escrito, carece de protección y seguridad jurídica y queda en manos de la decisión de un poder centralizado en la figura de su presidente quien, por motivos políticos, ideológicos o coyunturales, puede actuar a su libre albedrío, sin contar con nadie, como ha sucedido repetidas veces en estos últimos cincuenta y seis años.

Sobre el régimen laboral de los ciudadanos cubanos, se plantea que la contratación el inversionista debe realizarla a través de una entidad empleadora propuesta por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el pago a los trabajadores se realizará por mutuo acuerdo entre el inversionista y la entidad empleadora. Como se ve, ninguno de los dos actos se produce entre el inversionista y el trabajador directamente, sino a través de este intermediario estatal el cual, aunque se declara que no tiene fines recaudatorios, se plantea que se quedará con una parte del salario que paga el inversionista, para cubrir sus costos y gastos por el servicio que brinda. Como es fácil de suponer, entre lo que paga el inversionista y lo que recibe el trabajador existirán notables diferencias, pues el pago al mismo se realizará a partir de un salario mínimo establecido por la entidad empleadora, que se plantea será superior al establecido para el resto de los trabajadores del país, más un coeficiente que permitirá a ésta pagarlo en correspondencia con el aporte del trabajador. La triste experiencia acumulada con el pago que reciben los médicos, maestros, deportistas y otros profesionales que prestan servicios en otros países mediante contratos gubernamentales, es más que demostrativa.

Tal vez hubiera sido más provechoso haber elaborado una Ley de Inversiones, que incluyera la Inversión Estatal (necesitada de regulaciones ante tanto mal empleo de los recursos durante años) y la Inversión Privada, dividiendo esta última en Inversión Extranjera e Inversión Nacional. Al regular la Inversión Nacional, se contemplaría la inversión de los cubanos residentes en el país y la de los residentes en el exterior, ya que cómo estos últimos actualmente necesitan del Pasaporte Cubano para entrar y salir del país, son también legalmente ciudadanos cubanos.

Esta Ley, como la anterior, no está libre del lastre de conceptos obsoletos del fracasado socialismo, con el objetivo de asegurar el papel preponderante del Estado, carece de la suficiente transparencia cómo para estimular realmente la inversión extranjera y tiene algunas trampas, en las cuales pueden caer quienes, festinadamente, apuesten por ella.

Acerca de Fernando Damaso Fernandez

Fernando Dámaso Nací en 1938, en La Habana. Soy Sagitario. Estudié en los Escolapios de la Víbora y me gradué de Perito Mercantil. Trabajé en publicidad (investigador de mercado y productor de comerciales y programas para la televisión); también fui militar. Me interesa la literatura, el cine, los deportes profesionales y la naturaleza. Hace años escribo.
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3 respuestas a Una ley con espacios oscuros

  1. Armienne la Puta dijo:

    Es un desastre.

  2. La eterna y conocida trampa en la que ya nadie cree.

  3. Dearthur dijo:

    Es los de siempre el vivo vive del bobo. Lo mejor es no ir a ese lugar, es muy conflictivo.Todo lo enrredan de una forma que nunca pierden. Alguien invierte y en el momento que más le conviene al gobierno le montan la cacería de brujas para expropiarlo y quedarse ellos con todos los beneficios y si el inversor se pone fatal puede terminar el prisión por mucho tiempo en una isla que se les presentó inicialmente como un paraizo fiscal.

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